Autora: Rosa Fernández Pérez.
“El interés público se limita a la curiosidad por la vida privada de las figuras públicas, y el arte de la vida pública queda reducido a la exhibición pública de asuntos privados y a confesiones públicas de sentimientos privados (cuanto más íntimos, mejor)”
(Zygmunt Bauman)
El sector público no es una parcela independiente de la sociedad, con lo cual, su transformación va en la misma línea que el resto de colectivos. Nos encontramos, como sabemos, en un mundo más global, más tecnológico, con estructuras sociales más complejas, con una economía más basada en productos financieros ficticios que negocios reales, en una sociedad con problemas ambientales y de emigración, con escasez de recursos naturales, con conflictos bélicos importantes a nivel mundial, crisis alimenticias, desigualdades sociales internas y externas, etc. Todo este panorama global tiene reflejo, como no podía ser de otra manera, en nuestro país, y en todos los sectores, también por tanto, en el sector público.
Al sector público lo encuadramos en una doble función. Por una parte, es un regulador de conductas dentro de la esfera privada, mediante implementación de normas, impuestos y otro tipo de reglamentaciones. Por otra, es un participante más en la actividad económica, en competencia y/o colaboración con el sector privado ( concretamente en España este sector público representa casi un 50% del PIB).
Este sector ha ido modificándose para adaptarse a los cambios. Las reformas se han encaminado a ir creando una administración pública moderna, cercana, menos burocrática, eficicaz y competitiva. Estas innovaciones se producen dentro de un concepto de “valor público” que no ha variado en la misma medida. Conceptualmente, “valor público” se asocia a solidaridad, interés general, fines comunes, en contraposición con el denominado, “valor privado”, unido a la idea de competitividad y eficiencia.
La administración pública para llevar a cabo sus funciones cuenta con unos recursos económicos cada vez más mermados. Estos ingresos provienen, sobre todo, de impuestos de la ciudadanía (trabajadores, empresas, etc…), y cada vez son mas reducidos.
Algunos de los motivos que determinan unos impuestos más escasos son,
- La ciudadanía paga menos impuestos porque su salario y poder adquisitivo son menores
- Hay una tendencia política a disminuir los impuestos y tasas
- Para atraer empresas, en numerosas ocasiones, los estados reducen los impuestos a pagar por éstas
- La eficiencia del dinero público sólo se analiza desde un punto de vista legal
- Problemas de fraude en el pago de impuestos
Todo lo anterior, dentro de la austeridad presupuestaria europea que limita el montante de gastos públicos de los que pueden disponer los países.
Para garantizar las funciones públicas, se produce la presencia del sector privado en el panorama gubernamental. La idea de sector público está disminuyendo desde que en la practica de la prestación de los mismos ha entrado en juego el sector privado (Broadbent y Laughlin, 2009). Se está modificando el valor del papel del Gobierno como la de ser un “procurador” de servicios públicos (Broadbent y Laughlin, 2009), independientemente de quién los realice.
Esta presencia de lo privado en lo público cada vez es más significativo. Actualmente, las empresas privadas manejan un 19% , aproximadamente, por la vía de la contratación pública, siendo la tendencia al alza. Las predisposiciones actuales evidencian que las organizaciones públicas no pueden atender todas las políticas y servicios públicos, con lo cual, el sector privado tendrá mayor protagonismo en el ámbito de lo público.
Las tendencias actuales se centran en la incorporación de la tecnologia en la mejora de los servicios públicos. Se pretende conseguir un Modelo de Gobernanza de la ciudad que permita una gestión inteligente para lograr los objetivos de competitividad económica, calidad de vida y sostenibilidad. Este modelo de “ciudades inteligentes” hace necesario la involucración de la sociedad, así como crear un marco jurídico que permita un apoyo a las empresas privadas para que participen en este proceso de innovación. No hay un consenso en la definición de ciudad inteligente o “smart city”, pero los parámetros claves son: gobernanza, planificación urbana, gestión pública, tecnología, medioambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, capital humano y economía.
