Autora: Rosa Fernández Pérez.
En este artículo se va a dibujar un pequeño trazo de lo que es la contratación pública en España. Lo primero es definir el término, así, se entiende por “contratación pública”, “aquellos contratos onerosos que las Administraciones Públicas realizan con empresas privadas, para que sean éstas las que presten los servicios, ejecuten las obras o proporcionen los suministros que deberían ser entregados por las entidades públicas”.
Esta prestación de servicios públicos por entidades privadas ha crecido a lo largo de los años. El número es tan importante que, algunos autores ya hablan de que el “sector público” deja de tener este concepto para ser un “proveedor de servicios” (Broadment, 2013). Los entes públicos proveen a la ciudadanía el servicio, independientemente de por quién sea prestado.
Los datos sobre la evolución del número de contratos públicos e importe de los mismos, son los siguientes:
AÑO 2016
Administración del Estado:
- nº de contratos: 19.430
- importe de los mismos: 3.272.914.102€
Comunidades Autónomas:
- nº de contratos:
- importe de los mismos: 11.188.614.263€
Entidades Locales:
- nº de contratos: 76.975
- importe de los mismos: 5.681.428.478 €
AÑO 2017
Administración del Estado:
- nº de contratos: 22.594
- importe de los mismos: 5.976.105.795€
Comunidades Autónomas:
- nº de contratos: 118.535
- importe de los mismos: 11.658.006.997€
Entidades Locales:
- nº de contratos: 81.169
- importe de los mismos: 7.038.878.151€
Fuente: Ministerio de Hacienda. Junta Consultiva de Contratación. Registro Público de Contratos.
La justificación del incremento de la contratación pública ha sido la necesaria reducción del gasto público en los presupuestos, impulsado, sobre todo, desde la Unión Europea. Esta reducción del gasto en Europa ha argumentado la entrada del sector privado en la ejecución de funciones propias del ámbito público.
Paradójicamente se admite, sin más, la eficiencia del sector privado sobre el público. Pero si analizamos algunos estudios e investigaciones en este campo, las conclusiones reflejan otros resultados. Uno de ellos concluye que la Administración, mediante contratos con empresas privadas, soporta unos gastos mayores mediante este sistema, que prestando el servicio por si misma (Lopez y Julve, 2003). Así, en las auditorías realizadas en Reino Unido por la NAO (National Audit Office), se determina que en las contrataciones públicas analizadas lo que se genera es un enriquecimiento excesivo por parte de las empresas privadas (Caperchione, Demirag y Grossi, 2017).
No hay que olvidar que la “contratación pública” es un instrumento, regulado mediante ley, al servicio de las autoridades públicas para cumplir sus funciones y llevar a cabo sus políticas. Los órganos administrativos determinan los parámetros que deben cumplir los proveedores privados para que se les adjudiquen los contratos. Claramente es un medio para ejecutar las políticas públicas y conseguir los objetivos gubernamentales. No hay que obviar que “Gobierno” no se refiere únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los Estados, designa el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos (Foucault, 1988).
Foucault define la acción de “gobernar”, como diferente de las acciones de “reinar”, “mandar” o “hacer la ley”. Los instrumentos políticos, como la contratación pública, deben buscar que los intereses de los gobernados coincidan con los objetivos gubernamentales fijados de antemano. No se busca imponer, sino que la gobernabilidad vaya en la línea con lo que solicita la ciudadanía. Una ciudadanía que debe ser escuchada, ya que tus impuestos constituyen los ingresos de las instituciones públicas.
La reflexión sobre esta cuestión es clara, si los intereses de los gobiernos deben coincidir con los de la ciudadanía, se constata que la ciudadanía es la que persigue que los servicios públicos sean prestados por empresas privadas. En la práctica, hay numerosas plataformas y asociaciones en contra de estas medidas contractuales. La pregunta es clara, ¿los intereses de la ciudadanía van en la misma dirección de las acciones que llevan a cabo los gobiernos?
